El número de familias que acoge a menores en la Comunidad no se ha resentido durante la crisis. En las acogidas de verano sí se notan ciertas dificultades.
Pocos aspectos de la vida cotidiana escapan a los devastadores efectos de la actual coyuntura económica. La solidaridad, afortunadamente, es uno de ellos. Así lo demuestran las familias aragonesas que, año tras año, se prestan a acoger de forma temporal en sus casas a niños que tienen una situación familiar complicada o que esperan una adopción definitiva.
Actualmente hay en la Comunidad un total de 120 menores acogidos y 84 familias listas para el acogimiento no preadoptivo. Unas cifra, esta última, que no se ha visto mermada por la crisis. “Es una suerte que la gente mantenga ese espíritu y las ganas de colaborar a pesar de la situación. No se está notando demasiado, aunque eso no significa que, como siempre, hagan falta más interesados“, explica Marta Vázquez, presidenta de la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón (ADAFA). “En lo que si nos ha tocado la crisis es en el presupuesto que podemos destinar a campañas de concienciación, por eso confiamos en que sean las propias personas que han participado las que nos ayuden a difundir el programa”, añade.
Para Vázquez, que conoce de primera mano lo que supone tener a un niño ‘de paso’ por su vida (ha atendido a más de 50 menores en su hogar), se trata de “una experiencia que compensa”. “Al principio, lo que más miedo da es la separación, ya que se les coge mucho cariño. Pero echas la vista atrás, piensas en cómo llegó a casa y de qué manera se va, y te das cuenta de que ha merecido la pena“, explica con total convicción. “Pero hay que tener claro que están de paso y que en la mayor parte de los casos tienen una familia biológica”, añade.
Mejor en familia
¿Por qué una familia de acogida? La responsable de ADAFA no tiene dudas a la hora de responder a esta pregunta: “Es mucho mejor que un niño esté con un núcleo familiar que en un centro de acogida, aunque sea únicamente por unas horas y a pesar de que en los centros se haga una gran labor. El cariño es fundamental“.
Para poder empezar a acoger a menores, las familias tienen que realizar un curso formativo (se imparten varios a lo largo del año). El Gobierno de Aragón aporta una cantidad mensual en torno a los 200 euros por cada niño en acogida.
Ritmo desigual en las ‘Vacaciones en paz’
Ligeramente peor se encuentra el programa ‘Vacaciones en paz’, que cada verano trae a niños saharauis a pasar dos meses a la Comunidad. Coordinado por cinco asociaciones de Aragón (una en Huesca, dos en Zaragoza y una en Teruel y una última en Andorra), el programa permitirá que cerca de 150 menores pasen los meses de julio y agosto lejos del campo de refugiados en el que habitualmente viven.
En Arapaz y Um Draiga (las dos organizaciones con sede en Zaragoza), la crisis está generando ciertas dificultades para encontrar familias que puedan acoger a los pequeños. “A día de hoy nos quedan por encontrar ocho familias del total de 29 necesarias, aunque hoy se han llamado para interesarse 4 ó 5“, explica Agustín Gavín, miembro de Arapaz.
También en Um Draiga perciben cierta dificultad para cerrar el programa. “Se está notando la crisis. Hay muchas familias con varios miembros en paro y está claro que no todas se pueden permitir la manutención de una persona más“, señala Laura, coordinadora del programa en la ONG. De los 33 niños de los que se encargan, todavía quedan siete por ‘colocar’.
La noticia positiva la pone la asociación Alouda, que gestiona el programa en la provincia de Huesca. A estas alturas ya han conseguido que 48 familias se hagan cargo de otros tantos niños saharauis durante el período estival. Se trata de un número incluso superior al del curso pasado (42), a pesar de que las subvenciones públicas que recibe la ONG se han visto reducidas.
Fuente: Heraldo de Aragón
En el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia se recogen varios artículos relativos a los menores, el más importante es la propuesta de reforma de la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, para incluir en él a los menores como víctimas de la violencia de género.
La modificación de la Ley de violencia de género para incorporar a los menores que conviven con una mujer víctima de este tipo de violencia también como objeto de la violencia de género es un gran paso para proteger a los que más sufren y menos capacidad tienen de salir de esta violencia y los que la van a perpetuar, por la transmisión intergeneracional
Los menores son los que más sufren las situaciones de violencia. Por cuatro motivos:
- La violencia condiciona su bienestar y desarrollo personal. Se produce la violencia en la fase más crítica para el desarrollo de la personalidad del individuo. La violencia de género es una forma de maltrato hacia los menores, bien porque estos hayan sufrido directamente las agresiones de la misma manera que las mujeres, bien porque, aun cuando no hayan sido objeto de los ataques, son testigos directos de un comportamiento violento en el seno familiar con muchas consecuencias en su desarrollo.
- Es una violencia que con toda seguridad producirá problemas de salud física y psicológica. Físicamente, provocan retraso en el crecimiento, trastornos de la conducta alimentaria, dificultad o problemas en el sueño, regresiones, menos habilidades motoras y síntomas psicosomáticos (alergias, asma, eczemas, cefaleas, dolor abdominal, enuresis nocturna…). Emocionalmente, se detectan ansiedad, ira, depresión, aislamiento, trastornos de la autoestima, estrés post-traumático y proceso traumático y trastornos del apego o de la vinculación. En el aspecto cognitivo, se aprecian retrasos en el aprendizaje del lenguaje y del desarrollo verbal, en el desarrollo cognitivo y alteración del rendimiento escolar. Finalmente, se detectan problemas de conducta y sociales, como violencia hacia los demás, rabietas, desinhibiciones, inmadurez, déficit de atención-hiperactividad y conductas autodestructivas, falta de habilidades sociales, introspección o retraimiento y trastornos de la empatía.
- El niño/a se convierte en instrumento de violencia y dominio sobre la mujer, de ahí otra de las razones fundamentales para considerarlos víctimas de la violencia de género: son una herramienta más para lograr el maltrato. Se “instrumentaliza” a una persona, además, indefensa.
- La violencia de género sobre los menores es la manera para perpetuarla en el futuro y mantener el comportamiento de agresor o víctima.
Con esta reforma se dará cumplimiento al mandato que establece la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, en la que se considera que los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género requieren con frecuencia especial apoyo y protección debido al elevado riesgo de victimización secundaria o reiterada, o de intimidación o represalias ligadas a este tipo de violencia.
También se dará cumplimiento a distintas solicitudes de las Cortes Generales en las que se hace referencia a este tema. Entre otras, la Moción del Senado de 3 noviembre de 2010 en la que se insta al Gobierno a “Promover una reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para que los menores que sufran directa o indirectamente este tipo de agresión, sean calificados como víctimas de esta violencia al objeto de priorizar la necesaria atención a los hijos.”.
La violencia sobre los menores que conviven con una mujer sometida a violencia de género aparece en las encuestas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género como una de los grandes problemas. En la Macroencuesta de 2011, el 70,6 % de las mujeres encuestadas que manifestó estar sufriendo violencia de género tenía hijos menores. Y más específicamente el 61,7 % de las mujeres que estaban sufriendo actualmente maltrato afirmaron que sus hijos menores padecieron directamente situaciones de maltrato en algún momento.
- Se simplifican los mecanismos de acogida y adopción, y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
- Los menores de tres años no ingresarán en centros de protección y se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos.
- Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
- Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el Anteproyecto de Ley que actualiza la legislación de protección de la infancia. El objetivo de la nueva normativa es simplificar y mejorar los mecanismos de acogida y adopción, así como potenciar el acogimiento familiar de menores en situación de desamparo, frente a su ingreso en centros tutelares.
El anteproyecto de ley recoge las recomendaciones de la Comisión especial del Senado que en los últimos dos años ha analizado los problemas de la adopción nacional y otros temas afines. En noviembre pasado esta Comisión aprobó por unanimidad una serie de propuestas que han sido de mucha utilidad para elaborar el Anteproyecto de Ley.
El documento también ha tenido en cuenta las aportaciones de las Comunidades Autónomas, a quienes directamente corresponden las competencias en esta materia, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia. Entre otras cosas, la nueva legislación unifica los procedimientos y normativas para todas las Comunidades Autónomas, de manera que facilita la coordinación y control de actuaciones en materia de protección a la infancia.
Esta Ley, que fue uno de los compromisos adquiridos por la ministra de Sanidad tras su toma de posesión, implica la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Protección Jurídica del Menor, de 1996.
Menores de seis y tres años.
El Gobierno pretende mejorar la protección de los menores en nuestro país, evitar situaciones de desamparo y potenciar la acogida familiar frente a su ingreso en centros de acogida, especialmente para los menores de seis años. Es más, el Anteproyecto establece expresamente que los menores de tres años no ingresarán en los centros de protección, salvo que exista imposibilidad muy justificada.
Tanto el Gobierno como los organismos e instituciones relacionados con la protección a los menores consideran que el entorno familiar es el ambiente más favorable para el desarrollo de menores en situación de desamparo.
Acogimiento y adopción.
Respecto del acogimiento familiar, el Anteproyecto suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo, con el objetivo de simplificar y acortar los procedimientos. Se diferencian los objetivos de acogimiento familiar de los de adopción.
Por otro lado, esta reforma posibilita que las entidades públicas atribuyan funciones de tutela a acogedores permanentes para dotar de más autonomía a la familia acogedora. Es importante señalar también que se establece un régimen de derechos y deberes de los acogedores.
Con relación a la adopción, además de suprimir el acogimiento preadoptivo, se acorta el período previo establecido para la presentación de la propuesta de adopción ante el juez (pasa de un año a tres meses).
Además, se posibilita la adopción de mayores de dieciocho años en los casos en los que estén previamente en situación de acogida familiar (ahora sólo es posible si el acogimiento se produce antes de los catorce años) o convivencia estable (normalmente con un familiar).
El objetivo del Gobierno es afrontar los problemas que se han identificado, actualizando la regulación de nuestro sistema de protección de la infancia; aspecto básico y esencial del Estado del Bienestar, porque afecta a los más vulnerables entre los vulnerables.
Interés superior del menor.
Uno de los puntos esenciales del Anteproyecto es proteger el interés superior del menor a partir de una serie de criterios comunes tomando como base la jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Supremo y los avances en esta materia en el derecho comparado.
Respecto a la mejora en la regulación de las actuaciones de prevención, se desarrollan nuevos mecanismos para actuar ante situaciones de riesgo, mediante programas que permitan mantener a los niños y niñas en su entorno familiar.
Una novedad importante en materia de derechos fundamentales es la no discriminación por discapacidad en el derecho del menor a ser oído.
También se regula la exigencia de estándares de calidad para cada tipo de servicio de protección a la infancia: centros, hogares funcionales, etcétera.
Simplificación de procedimientos judiciales.
Igualmente, la nueva normativa racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales: en primer lugar, el Anteproyecto pretende que todos los procedimientos contra las resoluciones administrativas referentes a cada menor se acumulen en el mismo Juzgado; en segundo lugar, se imposibilita la ejecución provisional de sentencias que se dicten en primera instancia. De esta manera, se evitan constantes cambios de situaciones y residencia del menor, que originan graves consecuencias emocionales a los niños y niñas.
Centros para menores con problemas de conducta.
El Anteproyecto regula también los centros para menores con trastorno de conducta; menores que no han cometido delitos, pero que persisten en conductas que afectan gravemente a los demás, en sus diferentes ámbitos de existencia.
La norma aborda, por primera vez, las características de estos centros y establece una serie de garantías: necesidad de diagnóstico previo y autorización judicial para el ingreso en los centros que utilicen medidas de contención y restricción de libertad, limitación en la administración de medicamentos e intensificación de la actuación de los servicios de inspección y supervisión.
Desde esta perspectiva garantista, es importante también la ampliación de la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia. Una labor fundamental que muchos fiscales de España realizan con un gran compromiso y dedicación, y que ahora se ve reforzada.
El día 7 de marzo, Marta Vázquez, Victoria Rivero y José Ángel Jiménez, miembros de ADAFA, participaron en una mesa redonda sobre acogimientos familiares en la Universidad de Educación de Zaragoza.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, trabaja con el departamento de Justicia para que la Ley de Adopción internacional promueva como medida prioritaria el acogimiento familiar, según ha señalado en su comparecencia en el Congreso tras más de un año la titular del ramo Ana Mato.
Así, ha aclarado que está inmersa en la actualización de la legislación sobre la protección a la infancia y por ello, entre otros puntos, trabaja con el Ministerio Justicia en la reforma de la Ley de Adopción internacional, clarificando el marco competencial y reforzando las medidas para evitar que las adopciones internacionales generen beneficios financieros indebidos.
En este sentido, afirma que se va a promover el acogimiento familiar como medida prioritaria y, en su caso la adopción, quedando la atención residencial como medida subsidiaria para los casos que la requieran.
UN PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL
Frente a los altos índices de pobreza por la crisis, la titular de Servicios Sociales e Igualdad ha señalado que en las próximas semanas se presentará el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, que contendrá medidas “concretas y específicas” para luchar contra la pobreza, especialmente porque, según el último informe de UNICEF, hasta dos millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza.
En el ámbito comunitario aclara que se ha conseguido la dedicación de un 20 por ciento del Fondo Social Europeo al fomento de la inclusión social para la lucha contra la pobreza infantil, además de que se ha elaborado el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia (2013-2015), que aprobará “en breve” el Consejo de Ministros.
Asimismo, Mato ha señalado que ha trabajado con las comunidades autónomas para la mejora de los sistemas de protección contra la pobreza y contra el maltrato infantil, reforzando los sistemas de detección, registro y notificación de casos de sospecha.
Por otro lado, considera que España necesita un pacto para coordinar las políticas y el gasto social y sanitario, precisamente porque hay muchos servicios de esta índole que se prestan por dos y hasta tres administraciones.
En materia de Dependencia, ha repetido que la Ley nación con el consenso de todo el arco parlamentario, si bien nunca ha funcionado como se preveía y por ejemplo, en enero de 2012, el sistema llevaba gastados 2.724 millones de euros más de lo inicialmente previsto con 225.000 grandes dependientes que ni siquiera se había estimado. “Nuestra voluntad ha sido poner remedio a esta situación”, ha puntualizado.
De igual forma, ha comunicado que está a punto de culminar el Plan Integral de Apoyo a la Familia, con el que se va a trazar una perspectiva familiar a todas las políticas de Gobierno, aparte de priorizar la conciliación con iniciativas como los certificados de empresas familiarmente responsables o los premios nacionales de empresa flexible.
Sobre violencia de género, ha recordado que el Gobierno prepara una Estrategia nacional contra la violencia de género contra las mujeres, aunque “queda mucho por avanzar y concienciar”. “Es nuestra principal batalla y tengan por seguro que este Gobierno no bajará la guardia mientras haya una sola mujer sometida al abuso y la violencia”, ha agregado.
Finalmente, ha recalcado que dada la crisis económica las personas mayores se están convirtiendo en el principal apoyo de los hijos y los nietos, y con ello el Ministerio dedica ocho de cada diez euros de su presupuesto a mejorar su calidad de vida y prestarles la mejor atención posible.
Fuente: Europapress.es
En España, 35.000 niños viven tutelados por el Estado, y solo, cerca de 800 son adoptados. Una realidad que el Gobierno pretende cambiar con la reforma de la ley que potencie las soluciones familiares frente a las instituciones como el acogimiento familiar o la adopción.
RTVE.es Telederiario
Pincha este enlace para ver el vídeo En España, 35.000 niños viven tutelados
Con los años voy construyéndome un manual de psicología basado en la observación minuciosa de los seres humanos. A unos les da por los insectos; a otros, por la Vuelta Ciclista; a otros, por las plantas. Yo miro a mis semejantes: miro, escucho, pregunto. Tan raro suele ser sentir interés real por los otros que a veces noto que esos otros se me ponen en guardia, como si sintieran que pretendo sacarles una información valiosa. Y no. Las vidas privadas en sí me interesan poco. Y menos para divulgarlas. Es una curiosidad en estado puro. Si acaso tendrá cierta utilidad a la hora de construir personajes de ficción. Como los seres humanos somos muy repetidos, he observado que suelen ser los tacaños quienes hacen más gala de su generosidad. No porque intenten exagerar lo poco que dan, eso es lo que yo pensaba antes; el mecanismo mental es otro: aquello de lo que se desprenden, por ridículo que sea, siempre les parece mucho, y esto les empuja a comunicarlo continuamente, para sentir recompensado ese brote inaudito de generosidad a fuerza de prestigio.
Escribo sobre los tacaños y me doy cuenta de que no me incluyo en el grupo, tal vez porque inconscientemente siempre relacionamos la generosidad con lo material y es en ese terreno en el que me considero más desprendida, pero hay otros… Hay otros aspectos en los que siento que la vida me va haciendo menos generosa. Con el tiempo, por ejemplo. Cuando una persona no entiende que mi trabajo precisa tiempo, como el de un médico o el de un profesor, me entra una furia sorda, que no sé cómo canalizar. O en esos días en los que sientes que se te exige demasiada presencia por aquello de tener un oficio público. O con esas personas que hablan demasiado y acaparan el tiempo de los otros y te roban la energía y te irritan. Los años van aumentando mi impaciencia y la sensación permanente de que no hay tiempo que perder, y menos con los ladrones de tiempo.
Los padres de acogida son más aconsejables que los centros de menores. Una familia siempre es mejor.
El sábado pasado, mientras iba en tren a Valladolid, pensaba de manera muy precisa en estas cosas. Iba a apoyar con un pequeño discurso a aquellas personas que han decidido ceder gran parte de su tiempo, es decir, de su vida, a seres vulnerables que no conocen y a los que no les atan lazos familiares. Así que yo, que tantas veces me tengo por generosa, asistía en calidad de admiradora o en calidad de roñosa, para decirlo con propiedad. La Cruz Roja homenajeaba a los padres y madres que acogen durante un tiempo limitado a bebés, niños o adolescentes, que luego deberán dejar en manos de familias de adopción o integrarlos en la vida adulta. Aprendí tantas cosas en ese encuentro que cuando me tocó clausurar el acto pedí disculpas por mi ignorancia. Aprendí, por ejemplo, que hace años se consideraba peligroso generar excesivos lazos de cariño con una criatura que no va a ser tu hijo; hoy se sabe que eso que llaman el “vínculo” es necesario en cualquier circunstancia, incluso aunque sea transitoria, y que los abrazos y el cuidado que recibe un niño cargan su batería emocional aunque sean dados por personas que el tiempo convertirá en pasado difuso. Ese cariño ha de proporcionarle al menor tres razones poderosas para enfrentar un futuro que será, sin duda, complicado: la de considerarse digno de ser querido, la de considerar querible a otros seres humanos y la de creer que la vida merece la pena. Parece simple, pero no lo es para un menor abandonado por padres biológicos que no pueden hacerse cargo de su cuidado. Los padres de acogida son más aconsejables que los centros de menores. Una familia siempre es mejor que una institución. Y más barata para el Estado, que les ayuda, por cierto, escasamente o nada, y eso que están haciendo un servicio que no solo repercutirá en el bienestar de esos niños, sino del país, porque disminuyen las bolsas de exclusión social, que es el peligro al que nos vamos a enfrentar si las comunidades comienzan a retirar subvenciones. Así ha ocurrido en Castilla-La Mancha, donde a partir de enero recortará la ayuda a los jóvenes desamparados a los que se les facilitaba una ayuda mínima para que aprendieran a ser autónomos y no anduvieran por ahí perdidos. Aún no está claro lo que ocurrirá con ellos en 2013. Veremos en lo que se convierte nuestro país en unos años.
Pero ahí están esas familias, resistiendo contra la adversidad, cediendo dinero, pero sobre todo tiempo, el tiempo de sus vidas, y a menudo el espacio de sus hijos propios, que también ejercen la generosidad compartiendo el cariño de sus padres con un extraño que desgastará durante un tiempo las energías de todos ellos: porque será bebé y les robará el sueño, porque estará enfermo y precisará cuidados especiales, porque reclamará de pronto la atención que nunca le han dado. Elena y Luciano, por ejemplo, llevan acogiendo muchos años, han criado junto a sus propios hijos a una criaturita con VIH, a otra con un problema mental, a bebés o a casi adultos. No parecen personas tristes, ni graves, al contrario, desearía que me hubieran cedido algo de su esencia vital para aliviarme del peso de ese tipo de personas cenizas que te dan el coñazo con problemas que no son tales.
El sábado recibí unas cuantas lecciones. La fundamental es que una siempre es menos generosa de lo que cree. Bueno es saberlo.
Fuente: El Pais (Elvira Lindo)
El Justica de Aragón, Fernando García Vicente, ha defendido hoy el acogimiento familiar no preadoptivo de menores como alternativa más favorable a los centros residenciales porque según ha dicho, garantizan una evolución del menor más favorable y un desarrollo más feliz.
Con estos argumentos, ha pedido a la Administración autonómica que intensifique las campañas de captación de familias de acogida y que refuerce la formación específica que se brinda a las familias candidatas.
García Vicente ha realizado estas reflexiones en el transcurso de su conferencia titulada “Derechos de la infancia y su participación en Aragón desde la perspectiva del Justiciazgo” en el marco de la Jornada Derechos de la Infancia, participación y sociedad organizada por la Fundación Manuel Giménez Abad, Unicef y el Gobierno de Aragón, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza.
En su intervención, El Justicia ha destacado la importancia de las visitas que el Asesor de Menores de la Institución realiza periódicamente a los centros de protección y reforma de la Comunidad Autónoma porque permiten conocer de primera mano los problemas e inquietudes de los menores e intermediar ante la Administración para dar respuesta a los mismos.
Así, la conclusión general que se obtiene de estas visitas es que la Administración actúa correctamente en el desempeño de sus competencias tutelares, si bien, se detectan problemas puntuales relacionados con la insuficiencia de medios materiales y humanos en algunos centros y pisos de acogida, así como carencias en la atención de los menores en reforma que presentan una enfermedad mental, por los problemas de convivencia con el resto de internos.
En relación con los centros de acogida, García Vicente también se ha referido a los Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS), cuyo número ha descendido en los dos últimos años debido, fundamentalmente a la incidencia de la crisis económica en nuestro país, y a los problemas para concretar su edad, de lo que depende su consideración administrativa.
El Justicia de Aragón ha concluido la parte de la conferencia referida a la protección social de los menores, con una referencia a la Ley de Custodia Compartida que, en su opinión, ha sido beneficiosa para los menores ante el divorcio de sus padres, si bien, ha hecho hincapié que “debe ser el juez, conocedor de cada caso quien determine lo más beneficioso para el menor”.
En cuanto a los derechos de la infancia relacionados con la salud que la Institución del Justicia ha tenido oportunidad de conocer a propósito de las quejas que presentan los ciudadanos, Fernando García Vicente, se ha referido a los programas de atención temprana para los niños dependientes, los tratamientos bucodentales para este mismo colectivo y los problemas que, en ocasiones se dan en los colegios cuando hay un alumno que precisa algún tipo de atención sanitaria durante las horas lectivas.
Finalmente, El Justicia de Aragón se ha referido al derecho fundamental de la infancia a la educación y ha insistido en la obligación de todos los agentes implicados en mejorar su calidad. Como dato, ha indicado que en Aragón la mitad del alumnado, aproximadamente, repite algún curso a lo largo de su escolaridad obligatoria.
La atención a la diversidad, con una distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales y la prestación del servicio de comedor priorizando las situaciones más necesarias y urgentes, han sido otro de los asuntos concretos a los que se ha referido El Justicia de Aragón en su conferencia.
Uno de cada cinco aragoneses está en riesgo de pobreza o exclusión social y los menores sufren especialmente esta situación. El Gobierno de Aragón tiene bajo su protección a 1.099 niños y jóvenes en situaciones de riesgo o desamparo, un número que se mantiene estable en los últimos años. De estos, el 75% son españoles (800) y el resto, 299, extranjeros.
El objetivo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) es mantener a los niños con sus padres o familia extensa (tíos, abuelos) siempre que sea posible. En los casos de desamparo o a petición de los padres, los menores salen del domicilio familiar. Cerca de 500 menores viven en centros o pisos tutelados, o con familias de acogida.
El IASS establece tres tipos de medidas. En los casos de declaración de riesgo, el menor sigue en el domicilio familiar pero los servicios sociales hacenun seguimiento especial. Los padres tienen la tutela. Los menores en guarda salen del domicilio familiar a petición de los padres, por ejemplo, si tienen que salir al extranjero o seguir un tratamiento médico y no tienen a nadie para cuidar de los niños. En este caso, los padres mantienen la tutela y el menor vive en un centro o con una familia de acogida. En el tercer caso, por ejemplo en una situación de abandono o malos tratos, el IASS se hace cargo de la tutela.
El Gobierno de Aragón tiene a 399 menores bajo su tutela y a 26 en guarda temporal. Estos niños, que necesitan una especial protección, viven en familias de acogida o en centros y pisos tutelados. En la Comunidad hay 9 residencias y pisos de titularidad pública para acoger a menores y otros 20 centros concertados con convenios.
En estos momentos hay 248 menores viviendo en centros y 230 en familias. Hay acogimientos familiares previos a una adopción y otros no preadoptivos.
“El acogimiento no preadoptivo es un programa poco conocido que cumple una gran labor. Acogemos temporalmente a niños que no pueden estar con sus familias. Les ofrecemos un hogar mientras sus padres biológicos se recuperan o ellos entran en un proceso de adopción”, explica Marta Vázquez, presidenta de la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón (Adafa), que cuenta con 130 familias asociadas. Marta y su pareja, Jesús Fernández, han acogido a 47 menores en once años.
Fuente: Heraldo de Aragón
La resolución adoptada por el Departamento de Educación sobre la atención a alumnos con necesidades especiales no cuenta con la aprobación unánime de las asociaciones. De hecho, algunas de ellas han mostrado ya su malestar a la Administración por el contenido de un texto que consideran “peor”, que la resolución del anterior gobierno, que nunca llegó a aplicarse.
“La que había nates incluía todo el proceso y hablaba de deteccón, diagnóstico y tratamiento, así como de las adaptaciones curriculares para estos alumnos, pero la actual no menciona más que las adaptaciones, y de una forma poco específica”, adviritió Josep Lluís Cruz, presidente de la Asociación Aragonesa de Dislexia, que calificó la actual resolución de insuficiente.
Cruz aseguró “que hemos protestado nosotros, AFADA (Asociación de Familias de Donantes Anónimos), ADAFA (Asociación de Familias de Acogida de Aragón) y las dos asociaciones de TDA (Trastornos por Déficiti de Atención), que fuimos recibidos por el Director General de Política Educativa, Manuel Magdaleno, pero no se tuvieron en cuenta nuestras peticiones”.
Desde el colectivo exponen que la norma anterior “abría la puerta a los problemas que tienen las familias adoptantes y acogedoras, es decir, niños con una mochila afectiva a veces poco visible pero muy importante, y la actual no los incluye”. Cruz lamentó que ” la DGA no adminte los diagnósticos externos y eso hace que, con los recursos existentes, a veces pasan muchos meses o años hasta que alguien es diagnosticado y por tanto atendido como es debido”.
Asimismo, desde la asociación, se echa de menos aspectos como la ubicación en el aula de estos escolares “que tampoco aparece en la resolución vigente y sí lo hacía en la anterior”. De todos modos, también admintieron que el cambio ha aportado cosas positivas. “Había alguna cosa no resuelta, como que los chicos con dificultades se acumulan en FP o adultos, y esta resolución si lo contempla”. También resuelve “cómo pedir las adaptaciones al salir del sistema educativo”.
En este sentido, Cruz expuso que la actualización “va muy poco más allá de lo que dice la LOGSE, pero el caballo de batalla es de qué tipo de actuaciones hablamos, y en la nueva resolución todo depende de la voluntad del tutor, cuando los tutores – no tienen formación en estos temas y en la mayoría de ocasiones no pueden actuar-, asi que estos chavales se quedan a expensas de los activos o pesados que sean sus familias sin estar protegidos en el ámbito escolar”.
