En la clausura del I Congreso del Interés Superior del Niño, Ana Mato anuncia una “profunda reforma” del marco jurídico de protección de la infancia. (más…)
Cuando la Ley de protección del Menor está a punto de cumplir la mayoría de edad (es del año 1996), el Gobierno ultima los flecos de dos anteproyectos de ley que actualizarán la protección a la infancia. (más…)
Ana Mato anuncia una “profunda reforma” del marco jurídico de protección de la infancia
Esta decisión responde a una recomendación de la Defensora del Pueblo. (más…)
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Familia y la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, abre un proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón. (más…)
Profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes mostraron ayer su indignación por la nueva norma que establece que a partir del próximo 1 de octubre los enfermos abonarán el 10% del importe de los fármacos que se les dispensen en las farmacias de los hospitales si no están ingresados. (más…)
Los traumas del pasado impiden a muchos niños adoptados integrarse en sus nuevas familias y les condenan al internado (más…)
El número de familias que acoge a menores en la Comunidad no se ha resentido durante la crisis. En las acogidas de verano sí se notan ciertas dificultades. (más…)
En el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia se recogen varios artículos relativos a los menores, el más importante es la propuesta de reforma de la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, (más…)
- Se simplifican los mecanismos de acogida y adopción, y se potencia el acogimiento familiar frente a los centros tutelares.
- Los menores de tres años no ingresarán en centros de protección y se suprime el acogimiento provisional y el preadoptivo para acortar los procedimientos.
- Permite la adopción de mayores de 18 años en situación de acogida familiar o convivencia estable y regula los centros para menores con trastornos de conducta.
- Racionaliza, acorta y simplifica los procedimientos judiciales, y amplía la intervención del Ministerio Fiscal como garante de los derechos de la infancia.
