Todas las familias con las que he hablado coinciden en decir que no se hacen distinciones entre niños españoles o extranjeros sin papeles a la hora de acoger, salvo alguna rara excepción. No hay que olvidar que “se buscan familias para niños, no niños para familias”, recuerda José Antonio Martínez, padre acogedor y portavoz de Aseaf. A pesar de que los menores no sean repatriados inicialmente, pueden serlo en el futuro, aunque con el paso de los años es difícil que esto suceda. En general las familias no se oponen a la repatriación, pero sí a la manera en que se hace: “Si el niño o la niña va a estar mejor en su país de origen, estupendo, nosotros lo que defendemos es que la repatriación se haga en unas condiciones dignas”, denuncia Mari Pepa Alcántara, madre de acogida y presidenta de la asociación andaluza Acógeles. “Nosotros tuvimos un caso de un menor que lo reclamó su país y en 48 horas ya estaba de camino”, recuerda. Eso es algo totalmente “inhumano, a lo mejor el menor ni habla el idioma del país que lo reclama, no ha habido tiempo para explicarle la situación, para que los psicólogos trabajen con él”.
Afortunadamente este tipo de repatriaciones no son muy habituales y, en general, en estos momentos no son frecuentes las repatriaciones, del tipo que sean.

Sanidad sí, educación sí, ¿y los papeles?
“Nueve meses después de la puesta a disposición del menor a lo servicios competentes de protección de menores sin haber sido repatriado, ha de serle concedida la autorización de residencia”, explica Beatriz. Parece que este trámite ahora se realiza con cierta diligencia, pero hasta hace poco las familias se quejaban de que los menores acogidos esperaban años hasta conseguir su permiso de residencia, por lo que durante todo este tiempo eran niños y niñas
sin papeles. “En teoría, los menores en situación administrativa irregular en España tienen garantizados los derechos fundamentales y no se les puede denegar ni la escolarización ni la asistencia sanitaria”, añade la abogada. Cosa que sí se cumple. El mayor problema viene, por tanto, con la obtención del permiso de residencia.
No tener la autorización de residencia implica situaciones de distinta gravedad que van desde no poder viajar con la familia de acogida o con los compañeros de colegio, hasta “casos que he conocido en que a los 18 años, al no tener
tarjeta de residencia, han expulsado al menor del colegio por no tener documentación”, denuncia Mari Pepa. A pesar de que estos trámites son ahora más eficaces, todavía no está garantizada su completa eficiencia. Una familia
de Cuenca que tiene tres menores en acogida, dos de ellos rumanos nacidos en España sin documentación, denuncia que lleva peleando por sus papeles desde que los acogieron en abril de 2014. La respuesta que reciben de Bienestar Social es que “si movemos el asunto, Rumanía podría llevárselos. Es decir, el miedo como herramienta”, aunque afirman que “no nos damos por vencidos y seguimos solicitando la regularización”.
Más allá de la burocracia y de que los menores puedan viajar o acceder a ayudas como las que se ofrecen a las familias numerosas –para las que se necesita tener documentación igual que para tantos otros trámites–, el permiso
de residencia es un derecho que tienen y que, como tal, tendría que cumplirse siempre. No tener ese permiso de residencia puede tener consecuencias muy graves, como recuerda Beatriz: “A veces sucede que por razones incógnitas las autoridades no solicitan la autorización de residencia del menor, de manera que cuando cumple 18 años no la tiene”. Esto supone que siendo ya mayor de edad puede ser expulsado en cualquier momento. En estos casos, el ya adulto puede pedir “autorización de residencia por circunstancias excepcionales”, añade Beatriz, aunque nunca debería haberse llegado a esa situación según la propia ley.

“No tener la autorización de residencia implica situaciones de distinta gravedad que van desde no poder viajar con la familia de acogida o con los compañeros de colegio.”

El caso de Cuenca es solo un ejemplo de lo que tienen que luchar las familias acogedoras para arreglar los papeles de sus menores acogidos. “Para empezar, los papeles no se hacen de manera automática –como debería ser al
tratarse de un derecho–, por lo que somos nosotros los que tenemos que luchar por ellos”, explica María Ávila, madre acogedora, antigua educadora de centro de acogida y responsable de la Vocalía de Socios de la Asociación de
Acogedores de Menores de la Comunidad Autónoma de Madrid (Adamcam). “Quien los tiene que hacer es la Comunidad de Madrid porque son ellos los que tienen la función de tutela, son el representante legal del menor”. Por ello, “quien insta el expediente es el Instituto del Menor, nosotros no podemos ir a una comisaría y decir oiga, este niño no tiene documentación y queremos que se le tramite”, continúa. Por tanto, las familias son conscientes de que son ellas las que deben presionar a la Administración para que se cumpla la ley y tramiten las tarjetas de residencia. Obviamente, por mucho que ahora se haya agilizado este proceso, saben que si no presionan a las instituciones con frecuencia, puede pasar mucho tiempo hasta que se resuelva la situación del menor o menores a su cargo. Una tarjeta de residencia que, al igual que otros muchos papeles como la cédula de inscripción o la tarjeta sanitaria, una vez conseguida tiene que renovarse con cierta periodicidad, salpimentando la realidad tan burocratizada de estas familias.
Dado que, a pesar lo dicho, la residencia se tramita ya en muchos casos con cierta agilidad, muchas familias prosiguen su lucha por conseguir la nacionalidad española de los menores. Es evidente que tanto cuando el niño o
la niña es menor, como cuando alcanza la mayoría de edad, no es lo mismo tener la nacionalidad española que una simple tarjeta de residencia. María recuerda que todos los menores acogidos en familias de Adamcam tienen ya
los papeles en regla. Unos papeles donde pone nacionalidad desconocida, aunque hayan nacido en nuestro país. “Hemos pedido varias veces la nacionalidad española acogiéndonos al Código Civil que dice que después de
dos años consecutivos pueden ser españoles una vez que están tutelados”, explica. Conseguir la nacionalidad es, a día de hoy, una batalla de años. En opinión de Aurora, esto sucede “porque los jueces encargados de los registros
civiles están saturados y todas las nacionalidades van con retraso”. En Adamcam “nos han tramitado la  nacionalidad a cinco familias y nos han dicho Adamcam “nos han tramitado la nacionalidad a cinco familias y nos han dicho que como mínimo van a tardar dos años. Como mínimo… de ahí en adelante…”
Una familia acogedora de Jaén comenta emocionada que “después de cinco años con muchas dificultades hemos logrado la nacionalidad del menor marroquí, nacido en España, que tenemos acogido”. La primera dificultad ha
sido “la inoperancia de la Administración, el proceso de nacionalización debería comenzar a instancia de ellos, no nuestra, pero la experiencia nos dice que solo lo harán si nosotros nos empeñamos y nunca a iniciativa suya”.
Así que, como dice Mari Pepa, “si cualquier padre tiene obstáculos, los padres de acogida tenemos el doble y si tenemos menores sin papales, el triple”. Es el más difícil todavía.

“Cualquier niño español o extranjero necesita el cariño y la atención de una familia”.

Y sin embargo…
“Nosotros hemos hecho 25 acogimientos –de todas las modalidades– de españoles y de extranjeros”, cuenta Mari Pepa. Haciendo este reportaje me he encontrado con familias que prefieren no participar y que aseguran que dadas
las tremendas dificultades que supone tener un menor sin papeles en acogida, se sienten incapaces de recomendar la experiencia. Mari Pepa afirma: “Lo comprendo perfectamente y lo afirmo”. Es una pena y una injusticia. Las asociaciones –nacionales e internacionales-, incluso la nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, coinciden en potenciar el acogimiento familiar frente al centro de acogida. “En los centros los menores están muy bien tratados”, explica Mari Pepa. “Allí hay muy buenos profesionales, atienden muy bien a los niños, con mucho cariño, les ayudan en todo, pero allí trabajan por turnos, lo que hace que los niños tengan muchas referencias, mientras que “una familia es una referencia para siempre”. Cuando cumplen los 18 “el centro los echa, esa es la realidad. Se acabó y a la calle”, prosigue. Y la familia, sin embargo, no entiende de mayorías de edad, ese
vínculo está siempre, defiende Mari Pepa.
Los entrevistados vuelven a coincidir en que las leyes son las adecuadas o como mínimo suficientes, pero que no se cumplen. Por otro lado, demandan una mayor atención por parte de la Administración. En palabas de Beatriz, “la
normativa española es bastante correcta, lo que falla es más bien la práctica”. Mari Pepa afirma que “mientras la Administración no cambie la política que tiene, el acogimiento va a ser muy difícil. Yo lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo porque apuesto por él” a pesar de los obstáculos.

Curiosamente, tantos testimonios que podrían utilizarse en contra del acogimiento familiar son precisamente su mejor defensa. A pesar de las dificultades que tantas familias han compartido conmigo, ni una sola se ha referido al hecho en sí de tener al menor en casa. Todos, sin excepción, hablan de ellos llenos de cariño. La familia de Jaén, tras su ataque institucional, concluye: “No puedo hablar solo de dificultades sin decir que este enano es una de las mejores cosas que han pasado en nuestra familia”. Como sigue Mari Pepa, “la frase te cambia la vida no abarca todo lo que es. Tú vas a hacer el acogimiento pensando que vas a ayudar a un niño y al cabo de los años te das cuenta de que los niños te están ayudando a ti”. Y esto sin olvidar que hablamos siempre de menores “que han pasado por situaciones muy difíciles”, como apunta María. “Cualquier niño español o extranjero necesita el cariño y la atención de una familia”, concluye María, y más estos menores que en su corta vida han vivido situaciones tremendamente duras y difíciles, o de lo contrario no estarían en situación de desamparo.

Fuente: Estrella Martínez. www.vice.com

La crisis también afecta al acogimiento de menores en situación de riesgo o desamparo. El Gobierno de Aragón y la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón (ADAFA) hacen un llamamiento para buscar familias de acogida para los menores que se encuentran en una situación más vulnerable.

En Aragón, 260 menores viven en centros dependientes de la Comunidad Autónoma y 190 con familias de acogida. De los menores en acogimiento familiar, 79 están con su familia extensa (como abuelos o tíos), 37 con una familia ajena y 74 en acogimiento preadoptivo.

“No hay familias de acogida suficientes. Lamentablemente, hay muchos niños que viven en centros y podrían estar en un hogar familiar, si hubiera más familias disponibles. Últimamente, ha aumentado el número de peticiones de familias de acogida, por renuncias de los padres biológicos, retiradas de custodia o porque los padres piden ayuda directamente ante la situación de dificultad que están viviendo”, afirma Marta Vázquez, presidenta de ADAFA.

El acogimiento familiar no preadoptivo no es un programa de adopción. Son familias que acogen temporalmente a menores en riesgo o desamparo que deben ser separados temporalmente de sus padres. En la mayoría de los casos mantienen la relación con su familia biológica. Las situaciones son muy diversas: hay acogidas de unos pocos días y otras que se prolongan años.

Fuente: Heraldo Aragón

“Lo ideal es que cada niño crezca con su familia de origen. Nosotros somos un recurso temporal para ofrecer un hogar a los niños que no pueden estar con sus padres biológicos”, señala Marta, que lleva 12 años como madre de acogida. Por su casa han pasado 54 niños. Este verano tienen a una niña de 1 año con ellos.

La asociación está formada por un número estable de unas 125 familias socias. De estas, unas 40 tienen a menores acogidos o están en espera de un caso que se adecúe a sus características. “Hacen falta familias todo el año, no solo en verano. Recientemente hicimos una campaña para buscar nuevas familias y solo se acercó una. No sabemos si es por la crisis o porque todavía hay mucho desconocimiento sobre el acogimiento”, apunta Marta Vázquez.

ADAFA colabora con el Gobierno de Aragón desde 1998 en el desarrollo de este programa de acogimiento. El objetivo es proporcionar a los menores una vida normalizada dentro un ambiente familiar mientras sus padres se recuperan. Las familias acogedoras reciben una compensación económica, desde 320 euros al mes en adelante, que varía en función del número de niños acogidos (pueden ser grupos de hermanos) y sus necesidades específicas (si necesitan algunta atención especial sanitaria o educativa). Las familias interesadas realizan un curso de formación.

Hay tres tipos de acogimiento: los llamados de “urgencias”, para niños de 0 a 8 años,en los que lo ideal es que el tiempo de acogida ser inferior a 6 meses; “simple”, para un periodo inferior a dos años, y “permanente”, hasta que el menor cumple la mayoría de edad.

Los niños con discapacidad deben tener “atención preferente” para el acogimiento familiar, según el defensor del pueblo

La Oficina del Defensor del Pueblo 2013 recomienda a las administraciones que contemplen “una atención preferente a los acogimientos familiares de niños y niñas con discapacidad”, para lo que, si es necesario, se podría acudir a “un programa de garantía nacional que incluya medidas de apoyo económico allí donde sea necesario”.

Así lo afirma el informe anual que la Oficina del Defensor del Pueblo 201 presentó este jueves en las Cortes Generales, que además aconseja que los niños de 3 a 6 años que permanecen en centros también tengan una prioridad para el acogimiento familiar sobre el residencial, para facilitar su mejor desarrollo e integración social. Asimismo, pide que no se lleven a cabo acogimientos residenciales para los menores de 3 años, con el mismo objetivo.

Para la institución es “una preocupación constante” evitar el acogimiento residencial prolongado de menores, pues “tiene frecuentemente consecuencias adversas, a las que hay que unir el incremento de la dificultad para encontrar un hogar de acogida, a medida que los menores van cumpliendo años.

“Aun cuando dos tercios de los menores de 5 años acogidos lo están en núcleos familiares, todavía un tercio de ellos permanecen en centros residenciales”, denuncia el organismo que dirige Soledad Becerril.

La Oficina del Defensor subraya que, aunque las comunidades autónomas han desarrollado programas de apoyo al acogimiento familiar, los recortes presupuestarios aplicados a las políticas sociales también se dejan ver en el ámbito de los menores: “No se observa un crecimiento significativo en el número de programas y ayudas” para ese objetivo en diversas autonomías”.

Otra cuestión por la que también se preocupa la institución de Soledad Becerril es la de los menores infractores. En el informe el Defensor del Pueblo considera que “la defensa jurídica del menor privado de libertad debe ser más real y efectiva”. A este respecto, también pide una actitud “más activa” de la abogacía en cuanto a su presencia y asistencia cotidiana en los centros de menores infractores.

Fuente: SERVIMEDIA

En la clausura del I Congreso del Interés Superior del Niño, Ana Mato anuncia una “profunda reforma” del marco jurídico de protección de la infancia.

A finales de 2012 eran más de 10.000 las familias con expedientes abiertos esperando un niño. Ante esta situación “la necesidad de una reforma urgente y profunda del marco jurídico de protección de la infancia en este ámbito es evidente”. Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la clausura del I Congreso del Interés Superior del Niño, celebrado en el Ministerio, coincidiendo con el Día Universal del Niño, y organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) y la Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid (ADAMCAM).

La ministra ha detallado algunas de las principales medidas contenidas en esta reforma, que se llevará a cabo a través de dos Anteproyectos de Ley en colaboración con el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y las ONG dedicadas a la Infancia. Se trata de una profunda revisión del sistema español de protección a los menores, por el que se modificarán diversos artículos de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, Código Civil, Ley de Adopción Internacional y Ley de Enjuiciamiento Civil.

En primer lugar, Mato ha señalado que se plantea “una regulación estatal más completa de las situaciones de riesgo y desamparo”, especificando la intervención adecuada en todas las situaciones en que puedan encontrarse los menores.

La ministra ha explicado que la llamada “guarda voluntaria” se limitará a dos años. Se trata de la figura mediante la cual los padres biológicos ceden voluntariamente la guarda de sus hijos, que pasan a ser acogidos, ante situaciones graves que lo justifiquen. Transcurrido ese plazo, el menor deberá regresar con sus padres o será dictada una nueva medida de protección permanente. Se pretende evitar así que se hagan crónicas situaciones de guardas voluntarias en las que los padres ceden el cuidado de sus hijos a las administraciones públicas “sine die”. Por ello, se considerará que existe desamparo cuando, transcurrido el plazo de guardia voluntaria, sus responsables legales, encontrándose en condiciones de hacerse cargo del menor, no quieran asumirlo. Sin embargo, nunca se considerará que existe desamparo por la situación económica de los padres o tutores.

La ministra también ha destacado como novedad la intención de “dar una oportunidad a los menores tutelados por una institución de crecer en una familia”. Por ello, en la reforma legislativa se planteará flexibilizar el acogimiento familiar, dándole prioridad frente al residencial, y agilizar los procesos de adopción. En concreto, no se acordará el acogimiento en residencias de ningún menor de tres años, salvo supuestos de imposibilidad debidamente acreditada.

Además, se facilitará la gestión administrativa del acogimiento familiar, sin que sea necesaria la intervención judicial. Por otra parte, se regula por vez primera el estatuto del acogedor familiar, es decir el conjunto de derechos y deberes de los acogedores  familiares.

En cuanto a la adopción, se agilizará el procedimiento, estableciendo por primera vez la guarda con fines de adopción, para evitar que el menor tenga que permanecer mientras duran los trámites en un centro de protección. En relación a la adopción, además, se evitará por ley que padres que tengan un hijo tutelado por las administraciones sean declarados idóneos para adoptar. Es decir, se incluirá la previsión que familias que hayan “devuelto” un niño adoptado no puedan optar a una nueva adopción.

Todas estas medidas se tomarán “con el objetivo de garantizar el interés superior de los más pequeños y reforzar la búsqueda de la mejor familia para cada niño”.

La ministra ha concluido su intervención asegurando que “los niños y niñas representan nuestra esperanza y son nuestro futuro”. Por ello, la voluntad del Gobierno es trabajar para garantizarles un entorno adecuado: “Ellos serán los que hagan un país y un mundo mejor. Nosotros, dándoles los medios para ello, lo estamos haciendo también”.

Fuente: Informariadigital

Cuando la Ley de protección del Menor está a punto de cumplir la mayoría de edad (es del año 1996), el Gobierno ultima los flecos de dos anteproyectos de ley que actualizarán la protección a la infancia. Prevista su aprobación para comienzos de 2014, las normas incluyen importantes reformas en el sistema español de adopción y de acogimiento de menores en riesgo y desamparo, cifrados en unos 40.000 niños en España.

Nace la figura de la adopción abierta, en la que el adoptado mantiene vínculos y contacto con la familia de origen.

El último borrador de la nueva ley —al que ha tenido acceso 20 minutos— legaliza la figura del acogedor familiar profesionalizado, autoriza en España la novedosa “adopción abierta” (en la que el menor adoptado mantiene vínculos con su familia biológica) y considera “imprescindible” que todos los menores de tres años salgan de las residencias públicas para ser atendidos en un entorno familiar.

En espíritu, el anteproyecto de ley orgánica de actualización de la legislación de la protección de la infancia pretende adaptar la legislación a los “importantes cambios sociales que inciden en la situación de los menores“. Para su aprobación, deberán modificarse, entre otras disposiciones, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Las que siguen son las principales novedades de los anteproyectos que emanan de las propuestas que hizo, en 2010, la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la Adopción Nacional y otros Temas Afines en el Senado, Riesgo y desamparo, incluso prenatal.

La norma nueva establece una regulación más completa de las situaciones de riesgo y de desamparo a nivel estatal, que sirva de base para todas las Comunidades Autónomas, que son las que gestionan la atención a los menores tutelados. Se considera riesgo la carencia o conflicto familiar o social que perjudique el desarrollo del menor, y por primera vez tiene en cuenta el riesgo de desamparo de los no nacidos.

A tal efecto, entiende por situación de riesgo prenatal “la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo“.

La situación de pobreza de los padres “no será en ningún caso la única circunstancia para valorar la situación de desamparo“, especifica la norma.

Guarda voluntaria: La ley reconoce una nueva realidad, la de los menores que ingresan en centros de protección a petición de las propias familias ante “situaciones muy conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar y graves dificultades para ejercer la responsabilidad parental“.

Estos menores, según la nueva ley, recibirán atención en centros específicos para ellos y su internamiento deberá contar con autorización judicial. Esta guarda no podrá superar, salvo excepciones, los dos años. Después podrá solicitarse el desamparo del menor.

Acogimiento profesional: Los menores en desamparo entran directamente en el sistema español de protección de menores, en manos de las Comunidades Autónomas. La nueva ley simplifica el acogimiento familiar, aunque exige que se valore la idoneidad de los acogedores. Acepta dos tipos de acogimiento, y los define: en familia extensa del menor o en familia ajena, “pudiendo el segundo caso ser profesionalizado“.

El acogimiento profesionalizado es “el que se  desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros son profesionales con cualificación y formación específica para abordar el desempeño de esta función con menores con necesidades o circunstancias especiales de tipo físico, psicológico o de ambas, con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente remuneración económica“.

El acogimiento familiar profesional se circunscribe a los menores con necesidades especiales de tipo físico o psicológico Varias Comunidades Autónomas, como País Vasco o Cataluña, ya tienen programas de acogimiento familiar profesionalizado. Pero el asunto es muy polémico.

Hay expertos que consideran que la Administración debe favorecer económicamente a las familias acogedoras de niños con dificultades, pero algunos dudan de que la figura del acogedor profesional beneficie al menor. En Cruz Roja —organismo que lleva casi 25 años trabajando en el ámbito del Acogimiento Familiar, con una implantación territorial en 20 provincias del Estado— el acogimiento profesional genera interrogantes serios.

“¿Qué pasará cuando el acogido cumpla la mayoría de edad? ¿Cómo se establecen los descansos laborales de los cuidadores? Todo eso hay que preverlo“.

La ONG apuesta por la inversión pública “en formación, apoyo técnico y en ayudas económicas a las familias que acogen” sin que “el acogimiento se convierta en una fórmula para abaratar costes al Estado en la protección a la infancia”.

Otros, sin embargo, sí apoyan la regularización del tutor profesional: “Estamos a favor de que se regule porque si no habría niños con necesidades especiales que nunca tendrían acceso al recurso familiar“, asegura Concha Cuéllar, miembro de la junta directiva de Aldaima (la agencia que promueve la adopción familiar en Granada).

En su opinión, si no fuera por la figura del profesional los menores con este tipo de necesidades “se quedarían en centros de acogida hasta la mayoría de edad“.

Menores de 3 años: Otra de las novedades que recoge el anteproyecto de ley es la prioridad del acogimiento familiar frente al residencial. El borrador lo califica como una disposición “ambiciosa” cuyo fundamento es que los menores necesitan un ambiente familiar para su mejor desarrollo. Se marca como objetivo común dar una familia a cada menor de seis años tutelado, resultando “imprescindible” para los menores de tres años.

En la actualidad, según Sanidad, hay 14.000 niños en residencias de tutelados. Asimismo, se agilizan los trámites y se redefinen las modalidades de acogimiento familiar: urgentes (menos de seis meses), temporales (hasta los dos años) y permanentes (más de dos años).

Además se da permiso a las entidades públicas para atribuir la tutela a las familias acogedoras permanentes, algo que no contempla la ley actual. También se redacta una carta de derechos y deberes de los acogedores y de los acogidos. Adopción abierta: La norma introduce una nueva figura, la adopción abierta.

A pesar de que en las adopciones se “extinguen los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen“, se podrá mantener alguna relación o contacto. Para ello será necesario que lo autorice un juez. La adopción abierta, según el borrador, es una legislación establecida en diversos países (EE UU, Gran Bretaña, Austria, Canadá o Nueva Zelanda).

En algunos casos se trata de un acuerdo privado con la supervisión de las entidades públicas, mientras en otros casos, como la propuesta española, deberá ser confirmado por un juez. Hijos de víctimas de la violencia de género: La ley nueva estipula que se procure mantener la tutela o guarda de menores a las víctimas de violencia de género, aunque este aspecto se ampliará en otras leyes diferenciadas.

Menores extranjeros: Hasta ahora solamente se concedía la residencia en España a los menores que habían llegado al país no acompañados. Esto excluía la posibilidad de otorgar la residencia a los menores cuya tutela había sido retirada a sus familias por desamparo.

Una norma “en beneficio del interés del menor“

Los expertos consultados por 20 minutos consideran que, en general, la nueva norma redunda en beneficio del interés del menor. De  hecho, la ley exige que se escuche la opinión de los menores en todos los procesos, sobre todo a partir de los 12 años.

Además, reconoce la labor de las familias de acogida, al establecer plazos a las reposiciones de menores que deben retornar a las familias de origen, una transición casi siempre delicada.

Ver más en: 20 minutos

Ana Mato anuncia una “profunda reforma” del marco jurídico de protección de la infancia

Esta decisión responde a una recomendación de la Defensora del Pueblo

El Ministerio de Sanidad ha aceptado la recomendación del Defensor del Pueblo para dar prioridad al acogimiento familiar sobre el residencial. El Defensor del Pueblo recomendó en junio de este año a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que, en los trabajos para actualizar la legislación vigente sobre protección a la infancia, se de prioridad al acogimiento familiar sobre el residencial como medida de protección, especialmente para los menores de entre 3 y 6 años.

En opinión de la titular de la institución, Soledad Becerril, “es importante que se apruebe el estatuto de derechos y deberes de las familias acogedoras y que se definan más claramente los tipos de acogimiento y su duración, en función de la edad y circunstancias de los menores”. Asimismo, recomendó que se preste atención preferente a los acogimientos familiares de menores con discapacidad u otras situaciones de especial dificultad para superar el acogimiento residencial.

Sanidad ha confirmado que ha elaborado conjuntamente con el Ministerio de Justicia un borrador de Anteproyecto que recoge la recomendación de la Defensora del Pueblo. Dicho texto se ha sometido a consideración de las comunidades autónomas, el Observatorio de la Infancia y otras entidades como la FEMP, ONGs y expertos universitarios y se remitirá a la Institución una vez valoradas todas las aportaciones.

La Razon.es

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Familia y la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, abre un proceso de participación ciudadana para la elaboración de la Ley de Apoyo a las Familias de Aragón. El principal objetivo de este proceso es generar un espacio de debate y reflexión en torno a este texto legal, así como lograr la mayor implicación en una normativa de amplio calado social. Con este fin, se han planificado dos fases: una fase interna, abierta a la participación de diversas entidades y especialistas integrados o con representación en el Observatorio Aragonés de Familia; y una fase externa, abierta a la participación de todos los agentes implicados de la sociedad aragonesa.

Para más información pincha sobre la imagen.

Profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes mostraron ayer su indignación por la nueva norma que establece que a partir del próximo 1 de octubre los enfermos abonarán el 10% del importe de los fármacos que se les dispensen en las farmacias de los hospitales si no están ingresados. Se trata de medicamentos para enfermedades graves o crónicas que, ante su alto coste, hace años el Ministerio de Sanidad optó por administrar en centros médicos para ahorrarse el margen que aplicaban las farmacias en la factura que cubría la Seguridad Social.

A partir del próximo 1 de octubre, quienes necesiten estos fármacos tendrán que abonar hasta un máximo de 4,2 euros por caja, según el decreto del BOE, que justifica la medida con el argumento de equiparar estos medicamentos a los que se dispensan en las farmacias convencionales. Los 50 fármacos que aparecen en la lista están destinados a enfermos de varios tipos de cáncer, hepatitis C, artritis reumatoide o sida.

La Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud), convocantes de las mareas blancas a favor de la sanidad pública, alertó de que algunos pacientes con enfermedades graves podrían abandonar algunos tratamientos, ya que muchos de ellos tienen problemas económicos porque su enfermedad les impide una actividad laboral normal.

FALTA DE SENSIBILIDAD / En el mismo sentido se manifiesta la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que recordó que muchos enfermos crónicos tienen ingresos muy reducidos.

La Sociedad Española para el Estudio del Hígado, a través del doctor José Luis Calleja, lamentó «el impacto negativo» en enfermedades crónicas como la hepatitis C o la cirrosis «porque afecta a los tratamientos que se prescriben».

Para el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), el nuevo copago «hace oficial la falta de sensibilidad del Ministerio de Sanidad» por su «afán recaudatorio sin más justificación que conseguir ingresos para no tener que reducir en otras partidas presupuestarias».

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) también se mostró «preocupada» por el nuevo copago, ya que afecta en buena medida a enfermos oncológicos. La entidad recuerda que solicitó al Gobierno que dejara fuera de las medidas de ajuste a los pacientes graves, pero afirma que Sanidad no la ha atendido y ha incluido medicamentos contra el cáncer renal, el de próstata, los linfomas y las leucemias, por ejemplo. A juicio de la AECC, la iniciativa es «preocupante» porque la cantidad a pagar puede variar mucho en función de los envases que necesite el enfermo.

LOS MENORES / La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer reclamó que los menores estén exentos de este copago farmacéutico, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de este colectivo y la carga económica que supone para las familias. La asociación recordó que ante un diagnóstico de cáncer de un menor, el incremento medio del gasto de una familia es de 400 a 600 euros mensuales y que muchos padres dejan de trabajar para cuidar a sus hijos.

Fuente: El Periodico.com

Los traumas del pasado impiden a muchos niños adoptados integrarse en sus nuevas familias y les condenan al internado

Llegó de la mano de la abuela al parque. Apenas tendría 5 ó 6 años. La mujer le regañó por intentar quedarse con la pelota de otro y de pronto el niño estalló. Comenzó a golpear con todas sus fuerzas a la anciana, que intentaba evitar las patadas. La mujer tenía las piernas llenas de moratones, de arranques de furia anteriores. Su hija había adoptado al chico hacía unos meses, pero el sueño tanto tiempo anhelado se había truncado en una pesadilla para la familia. «Se ve que en el orfanato le trataron muy mal», le justificaba la atemorizada abuela, que entre impotencia, pena y alivio confesaba: «En septiembre lo ingresarán en un internado, nadie se hace con él».

«Es lo que llamamos una ‘pseudorruptura’», explica Ana Berástegui, psicóloga del Instituto de la Familia de la Universidad de Comillas. Al no ingresar en un centro de menores público, su caso no engrosará la tasa de adopciones fracasadas que, según sus últimos estudios, que datan de 2003, se sitúa entre el 1 y el 1,5% de las adopciones internacionales durante los dos primeros años. Aunque la cifra ha descendido por la crisis de las 5.500 de 2004 a unas 2.560, España sigue siendo uno de los países que más adoptan en el extranjero.

«No hay muchos datos, entre otras cosas porque la adopción no debe aparecer en las estadísticas, de forma que se pierde la pista», explica Berástegui. Sin embargo, hay indicios reveladores: el 2,35% de los niños en protección en la Comunidad de Madrid provienen de adopciones fracasadas, un porcentaje muy superior al de su peso en la sociedad. Sólo en Cataluña, 72 niños adoptados han sido abandonados por sus familias adoptivas en la última década, la mayoría de más de 10 años y extranjeros.

“Reabandonados”

Los niños “reabandonados” pasan a depender del sistema de protección de menores, ya que las adopciones son irrevocables y no pueden ser devueltos a sus países de origen. El fracaso ahonda en la herida de traumas no resueltos en el menor, con el riesgo que supone para su salud mental y con más probabilidad de convertirse en un inadaptado social.
Es la situación más extrema a la que puede llegar una familia adoptiva, el nuevo abandono de su hijo y la ruptura total del vínculo derivada del conflicto o porque ni siquiera se consiguió crear esa unión. Así lo considera Isabel Azcona, madre adoptiva y secretaria del Comité Ejecutivo de la Coordinadora en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA). Hasta las asociaciones de familias llegan pocos casos de ruptura total y definitiva. «Por un lado, no existen estadísticas y, por otro, dichas familias o no están asociadas o en caso de estarlo antes de la ruptura, desaparecen tras ésta sin comentar el motivo», explica Azcona. «Estas situaciones van acompañadas de profundos sentimientos de culpa y, muy frecuentemente, acarrean además conflictos de pareja».

Un fracaso de la sociedad

«Con que un solo menor sufra esta situación de reabandono ya es un fracaso de toda la sociedad», sentencia el psicólogo José Luis Gonzalo, quien desde su experiencia señala: «Las adopciones que más fracasan son las de menores que presentan alteraciones en la vinculación y trauma por abandono, maltrato y/o abuso sexual en sus lugares de origen».
«Esto sucede con más frecuencia de lo que queremos creer», avisa Gonzalo. Las experiencias vividas quedan registradas aunque no se tenga recuerdo de ellas. «Hay una memoria emocional y sensorial que registra el trauma aunque haya sido en los primeros meses de vida», explica el psicólogo. No determinan la vida, pero sí la condicionan. Los niños con trauma de abandono y malos tratos deben recorrer un duro camino y recibir mucha ayuda para superar estas heridas. «Eso lleva mucho tiempo, no hay remedios mágicos», asegura el autor junto a Óscar Pérez Muga de la guía “¿Todo niño viene con un pan bajo el brazo?”.

«Los padres piensan que el amor todo lo cura; ciertamente, es un requisito “sine qua non”, pero no suficiente», añade Eva Gispert, directora del Instituto Familia y Adopción. Cuanto más difícil haya sido el pasado del niño, más le costará confiar en su nueva familia y establecer vínculos afectivos. Los padres deben ser conscientes de ello. Adoptar entraña todo lo que supone ser padres, más unos extras que les pueden desbordar si no están preparados o no cuentan con el apoyo familiar y social necesario, incluso si el menor aparentemente no ha sufrido. Gispert, que fue adoptada y hoy es madre de dos hijos biológicos y uno adoptado, subraya: «Siempre hay trastorno, porque como mínimo estos niños han sufrido el abandono».
Lo suyo fue una adopción feliz. Aún así conoce bien esa soledad que ahora ve en muchos niños, «ese poso de tristeza profundo y esa rabia vuelta hacia uno mismo que no puede salir» y que nace de un sentimiento de culpa por haber sido abandonado. Ella también vio cómo sus padres no comprendían sus reacciones por no entenderse a sí misma. «Te sientes obligada a estar siempre agradecida a los que te han salvado, a demostrarlo y a hacerlo todo mucho mejor, pero ese exceso de responsabilidad también pesa mucho», confiesa.
Señales de alarma

Algunos niños adoptados tienen dificultades para establecer o mantener una relación de amistad, para controlar sus impulsos, para cumplir las normas, o para percibir, identificar o expresar sus emociones o las de otros. La baja autoestima y las dificultades de aprendizaje se suman a menudo a estos problemas que enumera Isabel Azcona, trabajadora social y educadora en Batía. Si todos los esfuerzos de la familia por salir adelante parecen caer en saco roto, es el momento de pedir ayuda. «La situación de crisis no remite por sí misma», advierte.

La señal de alarma de que algo no marcha bien es precisamente, a veces, que «no pasa nada», según constatan los miembros del Comité Ejecutivo de CORA, que agrupa a numerosas asociaciones de familias adoptivas españolas. Lo corrobora Ana Berástegui: «Si ven que los niños, a los seis meses de su llegada, no se sienten parte de la familia, deberían acudir a los servicios de postadopción; lo mismo si en ese plazo no se sienten capacitados para ser padres». Porque las rupturas, advierte, «tienen que ver con no conseguir hacer del hijo su hijo, y no haber logrado sentirse padres». La experta recomienda a estos progenitores pedir ayuda ante cualquier situación que no sepan manejar o les dé miedo, sin esperar a encontrar sintomatologías graves. «No hace falta que exista una patología para pedir ayuda», remarca.
Sobre todo, resistir

Las familias suelen gestionar mejor o peor los conflictos durante la infancia, pero éstos siguen latentes y estallan en la adolescencia. Es la etapa crítica, en la que más rupturas de la convivencia se producen, a menudo por el miedo que despierta el menor a sus hermanos u otros familiares.

A través de un proceso terapéutico no exento de dificultad y con el apoyo familiar, escolar y social, es posible recomponer los lazos. Hay familias que han salido adelante. No abundan los casos, pero «se puede», asegura Ana Berástegui. Como también es posible que un menor reabandonado encaje en nueva familia adoptiva.

«Hay que estar muy preparado. La adopción es un reto que te cambia la vida», asegura Eva Gispert. Para José Ángel Giménez y su mujer, Carmen, no fue fácil, pese a su preparación. Él, psicólogo, y ella, pedagoga, adoptaron a un niño con una larga historia de abandono. En su libro “Indómito y entrañable” recogieron sus esfuerzos y desconsuelos, que afortunadamente se vieron recompensados con el cariño de Toni. ¿Sus conclusiones? «Ser padres es mucho más complicado que aplicar cuatro teorías psicopedagógicas y esperar el milagroso resultado. Ser padres supone querer, proteger, mimar, poner límites, educar, acompañar, servir de sparring, aconsejar, ordenar, crear un ámbito cálido de convivencia, sugerir, castigar, orientar, animar, empujar, consolar, servir de modelo, cuestionar, asentir, disentir, comprender, perdonar, resistir, resistir y resistir?».

La familia más idónea para cada niño

Los procesos de idoneidad que se practiquen son decisivos para el éxito de una adopción.«Nose puede juntar al menor y a la familia por orden de lista,no es a quien toque. Hay que buscar la familia para ese niño», subraya la psicóloga Ana Berástegui.En
España sólo se da carpetazo a l3% de los procesos de adopción, cuando en los países con más trayectoria en adopción el porcentaje se eleva hasta el 30%. En los últimos años nuestro país ha avanzado mucho en este terreno,pero su colega José Luis Gonzalo admite que «aún deben mejorar» con mejores análisis de las capacidades de los padres, sus habilidades y su nivel de empatía.

En la Coordinadora en Defensa de la Adopción y el Acogimiento,CORA,también consideran que estos procesos son actualmente «insuficientes,no se ajustan a las características de los menores y carecen de la suficiente carga formativa previa».

Si se produce un fracaso,señalan,es porque el proceso de valoración no ha servido para detectar los riesgos con antelación.

«La posibilidad de que las familias rechazadas obtengan la idoneidad por la vía del recurso judicial contribuye muy poco a erradicar este problema», opinan en la asociación de familias adoptantes.

Fuente diariovasco.com