La reforma de la ley de la Infancia también autoriza la adopción de mayores de edad.
ANTONIO M. YAGÜE ANTONIO M. YAGÜE 09/07/2011
Los orfanatos o centros de acogida para niños menores de 6 años tienen los días contados. Los de hasta tres años irán directamente a casa de una familia y los de 3 a 6 «prioritariamente». Con este objetivo y el de evitar los «casos de desamparo» o vida sin familia de menores de edad -cifrados en unos 40.000 por el Senado- el Consejo de Ministros dio ayer el primer paso para reformar la ley de Protección a la Infancia.
El anteproyecto, muy «consensuado» según el Ministerio de Sanidad y Política Social, persigue simplificar los procedimientos y mejorar los mecanismos de acogida y adopción, suprimiendo el acogimiento preadoptivo y acortando el plazo previo para la propuesta de adopción de un año a tres meses.
La norma también autorizará que los mayores de 18 años puedan ser adoptados por las familias que los acogieron y con las que viven de forma estable.
La legislación en vigor, de 1996, pionera entonces pero obsoleta hoy según instituciones, asociaciones y comunidades autónomas, no permite que los mayores de edad puedan ser adoptados ni estén en acogida, con lo que si no disponen de recursos propios para vivir, lo más normal en tiempos de crisis, quedan en situación de desarraigo y desamparo, es decir, legalmente desprotegidos y a menudo abocados a la delincuencia.
Actualmente, cuando una familia acoge a un menor de edad no puede adoptarlo hasta que la Administración determina que los lazos con la familia biológica están definitivamente rotos. Pero suele ocurrir que los trámites se alargan en el tiempo de tal manera que cuando el menor al que se acoge es ya un adolescente no da tiempo a adoptarlo antes de que haya cumplido los 18 años.
ELIMINAR PRÁCTICAS ATROCES La reforma, que unificará las normativas de las 17 autonomías, pretende regular el funcionamiento de los centros de acogida a los que van a parar menores con trastornos de conducta, pero que no han delinquido. El objetivo es poner fin a «practicas atroces» como el uso de celdas de aislamiento o el atiborramiento de piscofármacos en algunos centros, como denunció en el 2009 el Defensor del Pueblo.
La nueva ley establece una serie de garantías como un diagnóstico y autorización judicial para el ingreso de los centros que restrinjan la libertad. También se limitará la administración de medicamentos y se intensificará la actuación de los servicios de inspección y supervisión. La principales onegés para la defensa de los niños –Unicef, Save the Children y Prodeni– aplaudieron ayer la reforma emprendida por el Ejecutivo socialista y la consideraron como el inicio de la solución de un problema que venían denunciado desde hace años.
Fuente:el Periodico de Aragón
